La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: cartera de servicios y prestaciones

Finalidad y principios

La ley establece el marco de coordinación y cooperación entre Administraciones sanitarias para garantizar equidad, calidad y participación social, y colaborar en la reducción de las desigualdades en salud (art. 1 Ley 16/2003).

• Igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente la discriminación entre mujeres y hombres (art. 2.a Ley 16/2003).
• Aseguramiento universal y público por el Estado; financiación pública conforme al sistema de financiación autonómica (art. 2.b y e Ley 16/2003).
• Atención integral: promoción, prevención, asistencia y rehabilitación (art. 2.d Ley 16/2003).
• Igualdad de oportunidades y libre circulación de profesionales en el SNS (art. 2.f Ley 16/2003).
• Colaboración entre servicios públicos y privados, y de las oficinas de farmacia con el SNS (art. 2.g y h Ley 16/2003).

Fuente: arts. 1, 2 y 23 Ley 16/2003

Catálogo y cartera: diferencia

El catálogo garantiza condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado. Las prestaciones incluyen servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud (art. 7.1 Ley 16/2003).

• Salud pública y atención primaria (art. 7.1 Ley 16/2003).
• Atención especializada y atención sociosanitaria (art. 7.1 Ley 16/2003).
• Atención de urgencias y prestación farmacéutica (art. 7.1 Ley 16/2003).
• Prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario (art. 7.1 Ley 16/2003).

La cartera común es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos que hacen efectivas las prestaciones sanitarias: métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y la experimentación científica (art. 8.1 Ley 16/2003).

Fuente: arts. 7, 8, 12.2.h y 13.2.g Ley 16/2003

Modalidades y aportación

La cartera básica garantiza continuidad asistencial, enfoque multidisciplinar centrado en el paciente, máxima calidad y seguridad, accesibilidad y equidad (art. 8 bis.2 Ley 16/2003).

Fuente: arts. 8 bis, 8 ter y 8 quáter Ley 16/2003

Aprobación, autonomías y financiación

• La cartera común se acuerda en el Consejo Interterritorial y se aprueba mediante real decreto (art. 8.3 Ley 16/2003).
• Su contenido se determina por acuerdo del Consejo Interterritorial, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación (art. 20.1 Ley 16/2003).
• La actualización se realiza por orden ministerial, previo acuerdo del Consejo Interterritorial (art. 21.1 Ley 16/2003).
• El Ministerio evalúa anualmente los costes de aplicación de la cartera común (art. 8.4 Ley 16/2003).

Las carteras autonómicas deben incluir, como mínimo, las tres modalidades comunes. Pueden añadir técnicas, tecnologías o procedimientos, estableciendo recursos adicionales y garantizando previamente suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria (art. 8 quinquies.1-3 Ley 16/2003).

• Las incorporaciones complementarias cumplen los mismos requisitos que las comunes y quedan fuera de la financiación general del SNS (art. 8 quinquies.4 Ley 16/2003).
• Antes de incorporar servicios complementarios, la comunidad informa motivadamente al Consejo Interterritorial; después, los comunica al Ministerio (art. 8 quinquies.4 y 6 Ley 16/2003).
• Las prestaciones y garantías son responsabilidad financiera autonómica, sin perjuicio de terceros obligados al pago (art. 10.1 Ley 16/2003).
• Una nueva prestación del catálogo exige memoria económica, elevada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 10.3 Ley 16/2003).

Fuente: arts. 8.3-4, 8 quinquies, 10, 20.1 y 21.1 Ley 16/2003

Qué comprende cada prestación

• Primaria incluye asistencia a demanda, programada y urgente, en consulta y domicilio (art. 12.2.a Ley 16/2003).
• Los cuidados paliativos a enfermos terminales están en primaria y especializada (arts. 12.2.g y 13.2.f Ley 16/2003).
• Especializada se presta preferentemente en consultas externas y hospital de día, si las condiciones del paciente lo permiten (art. 13.3 Ley 16/2003).
• Sociosanitaria comprende larga duración, convalecencia, rehabilitación funcional y cuidados intermedios ante gran dependencia por evolución de enfermedad (art. 14.2 Ley 16/2003).
• El transporte sanitario exige causas exclusivamente clínicas e imposibilidad de usar medios ordinarios; debe ser accesible para personas con discapacidad (art. 19 Ley 16/2003).

Fuente: arts. 11-19 Ley 16/2003

Evaluación y uso tutelado

Las nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos requieren evaluación preceptiva y previa a su utilización por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (art. 21.2 Ley 16/2003).

• Deben contribuir eficazmente a prevenir, diagnosticar, tratar, mejorar esperanza de vida o autovalimiento, o reducir dolor y sufrimiento (art. 21.3.a Ley 16/2003).
• Deben mejorar seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad respecto a alternativas existentes (art. 21.3.b Ley 16/2003).
• Si utilizan medicamentos o productos sanitarios, deben cumplir las exigencias legales correspondientes (art. 21.3.c Ley 16/2003).

El uso tutelado exige diseño de investigación, duración limitada, centros expresamente autorizados, protocolos específicos y consentimiento informado imprescindible. Lo autoriza el Ministerio, previo acuerdo del Consejo Interterritorial (art. 22.1-2 Ley 16/2003).

El cribado neonatal mediante prueba del talón pertenece a la cartera básica. Su evaluación corresponde a la Ponencia de Cribado Poblacional, con periodicidad mínima de un año (art. 21, apartado «Cinco», Ley 16/2003).

Fuente: arts. 21 y 22 Ley 16/2003

Garantías de las prestaciones

• Movilidad: acceso con independencia del lugar del territorio nacional, atendiendo especialmente a los territorios insulares (art. 24.1 Ley 16/2003).
• El desplazado recibe las prestaciones necesarias con las mismas condiciones y garantías que los residentes de la comunidad de destino (art. 4.c Ley 16/2003).
• Los criterios marco de tiempos máximos se acuerdan en el Consejo Interterritorial y se aprueban por real decreto (art. 25.1 Ley 16/2003).
• Las comunidades autónomas fijan sus tiempos máximos dentro de ese marco (art. 25.1 Ley 16/2003).
• Los servicios de salud informan sobre derechos, deberes, prestaciones, cartera y requisitos de acceso (art. 26.1 Ley 16/2003).
• La segunda opinión y la libre elección de facultativo se facilitan en los términos reglamentariamente establecidos (art. 28.1 Ley 16/2003).

Las prestaciones se facilitan por personal legalmente habilitado en centros y servicios propios o concertados del SNS. Se exceptúan situaciones de riesgo vital cuando se justifique que no pudieron utilizarse sus medios, sin perjuicio de los convenios internacionales (art. 9 Ley 16/2003).

Fuente: arts. 4.c, 9 y 24-29 Ley 16/2003